Sobre la relación entre los Cuéllar y Lizárraras y los Vargas Machuca

La identidad del “sobrino” Pedro de Vargas Machuca

 (Saltillo y San Luis Potosí, siglo XVII)

Resumen

En su testamento de 1674, Bartolomé de Cuéllar y Lizárraras llama “sobrino” a Pedro de Vargas Machuca sin explicar el vínculo. Mediante el análisis correlacionado de registros sacramentales de San Luis Potosí, testamentos y protocolos notariales de Saltillo, este artículo demuestra que el parentesco era político: la esposa de Vargas Machuca, María Crespo de Cuéllar, era hija de Alonso Martín Crespo y de Juana de Lizárraras y Cuéllar, hermana del testador. El caso ilustra la resolución de un problema de parentesco mediante evidencia indirecta.

I. El problema

Bartolomé de Cuéllar y Lizárraras, vecino de la jurisdicción de Saltillo, otorgó testamento el 19 de febrero de 1674 en la hacienda de San Juan Bautista de la villa de Santiago del Saltillo, gobernación de la Nueva Vizcaya. Entre sus deudas menciona a un cierto Pedro de Vargas Machuca, a quien denomina expresamente “mi sobrino” [1] (figura 1). El documento no explica la naturaleza del vínculo. ¿Cómo era Pedro sobrino de Bartolomé? Ningún registro directo conocido establece la filiación de Pedro de Vargas Machuca ni la de su esposa; la respuesta debe construirse, por tanto, a partir de evidencia indirecta.

Figura 1. Fragmento del testamento de Bartolomé de Cuéllar Lizárraras (1674), AMS, T, c 2, e 10.

Transcripción:

“Y también declaro que le debo a Pedro de Vargas Machuca mi sobrino un mil quinientos noventa y cinco pesos de ajuste [y] liquidación de cuentas de avío que me dio de su tienda para dicho mi molino de fundición de esta hacienda, de que le hice vale.”

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«Se le fue la lengua»: el proceso inquisitorial contra Juan Pérez Quintana, alguacil mayor de las minas de Temascaltepec (1569)

Noreste & Beyond: Esta publicación forma parte de una serie de investigación sobre familias del resto de México con vínculos directos, lejanos o potenciales con el Noreste.

Una red de emigrantes de Santoyo (Palencia) en un real de minas novohispano

Resumen

En agosto de 1569 el alguacil mayor del real de minas de Temascaltepec, Juan Pérez Quintana, fue denunciado ante la justicia eclesiástica por haber dicho que las relaciones entre un hombre y una mujer soltera no eran pecado y que «con una poca de agua bendita se perdonaba». El expediente resultante, además de documentar uno de los delitos de palabra más perseguidos en la Nueva España de la década de 1560, permite reconstruir tres generaciones de una familia de la Tierra de Campos palentina y una pequeña cadena migratoria que unió la villa de Santoyo con las minas de plata del actual Estado de México. Se ofrece aquí una relación ordenada del proceso, su contexto histórico y geográfico, y un diagrama de las relaciones familiares y de paisanaje que las declaraciones revelan.

Palabras clave: Inquisición ordinaria; proposiciones; simple fornicación; Temascaltepec; Santoyo; Támara de Campos; emigración castellana a Indias; siglo XVI.

  1. Introducción

El proceso que aquí se resume se instruyó dos años antes de la fundación formal del Tribunal del Santo Oficio de México (1571). En 1569 las causas de fe contra la población laica española se ventilaban todavía ante la llamada inquisición ordinaria o episcopal: la jurisdicción que ejercía el provisor y vicario general del arzobispado de México en nombre del ordinario, aunque los propios autos se intitulan «del Santo Oficio». El delito imputado —proposiciones acerca de la simple fornicación— fue, junto con la blasfemia, la infracción de palabra más comúnmente perseguida entre los españoles laicos de la Nueva España en las décadas de 1560 y 1570, y los reales de minas, con su población masculina, flotante y escasamente vigilada, fueron su escenario predilecto.

El interés del expediente desborda, sin embargo, la historia del delito. Las declaraciones del reo y de sus testigos de abono dibujan con precisión inusual el origen de una familia de la Tierra de Campos (Palencia) y la cadena de paisanos que la trasplantó a las minas novohispanas, lo que convierte al proceso en una fuente genealógica de primer orden.

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Carta de Rodrigo Flores Carballo sincerándose de los cargos que le hacen

Introducción: el documento y su importancia

Entre los papeles de la Inquisición de México conservados en el Archivo General de la Nación se encuentra una petición, recibida por el Santo Oficio en la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1619, escrita y firmada por el capitán Rodrigo Flores Carballo, a la sazón escribano público y del cabildo de la Villa de Santiago del Saltillo, en la gobernación de la Nueva Vizcaya. La petición tiene un valor genealógico excepcional: es el único documento conocido hasta la fecha en el que Rodrigo Flores Carballo —también conocido como Rodrigo Flores de Valdés, progenitor de las familias Valdés del noreste de México— declara su propio origen y filiación. En sus líneas iniciales afirma ser natural de la villa de Cangas de Tineo (hoy Cangas del Narcea), en el Principado de Asturias, de la antigua diócesis de Oviedo, e hijo legítimo de Álvaro Flores de Valdés y de Aldonza Alfonso Carballo, ambos ya difuntos en 1619. No ha aparecido hasta ahora partida parroquial, licencia de pasajero ni probanza que sitúe su lugar de nacimiento, lo que convierte esta declaración —hecha bajo su propia firma ante el más alto tribunal de la Nueva España— en el documento ancla de toda la línea.

La petición fija además su carrera en una coyuntura crucial de la historia colonial del noreste. Flores Carballo declara que antes había servido como escribano público y de gobernación del Nuevo Reino de León, residiendo en la «ciudad de Santa Lucía» —nombre que aún se usaba para la población refundada en 1596 como Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, junto a los ojos de agua de Santa Lucía—, y que para 1619 ocupaba el oficio de escribano de Saltillo por merced real. Cita asimismo sus servicios militares como capitán y alférez real en la reducción de la frontera chichimeca.

El fondo de la petición es una denuncia de falsificación judicial. Flores Carballo acusa a fray Juan Moreira (Morera), guardián franciscano del convento de Santa Lucía, de haber fabricado en su contra una causa al estilo inquisitorial, en venganza por una querella criminal que Flores había interpuesto en 1612 —durante el gobierno del virrey marqués de Guadalcázar— contra Mateo de Villafranca, allegado de Moreira. Describe, cláusula por cláusula, cómo fueron alterados sus propios instrumentos notariales: donde su mandamiento decía «porque así conviene al servicio de Dios nuestro señor y de su majestad», el falsario raspó el texto para que dijera «al servicio de Dios y de su Inquisición», haciendo parecer que Flores había usurpado la jurisdicción del tribunal; incluso se insertaron letras en una orden de aprehensión relativa al pecado nefando para invertir su sentido. Acompaña a la petición una hoja firmada aparte con la clave de las falsificaciones (fol. 56), y la última foja del expediente (fol. 58) conserva una denuncia sin relación con el caso, de otra mano, presentada por Juan Jerónimo de Agurto, de la Ciudad de México, el 9 de septiembre de 1619, y encuadernada con el legajo.

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